"Historia económica de América Latina" de Horacio Cardozo
El proceso de transición puede
caracterizarse como un conjunto de cambios a nivel de la economía y la sociedad
nacionales exigidos para posibilitar la expansión en gran escala de las
actividades exportadora. Estas trasformaciones se efectuaron a partir de tres
procesos básicos: la abolición de la esclavitud, la reforma liberal y la
colonización de áreas vacías.
En los países que durante el período
colonial se caracterizaron por una economía centrada en la plantación
esclavista, el problema de la abolición, la necesidad de un cambio radical en
el mercado de trabajo, determinará las soluciones consideradas como posibles,
para el conjunto más amplio de transformaciones exigidas: mercado de tierras,
de capitales, legislación, etc.
Teniendo en cuenta las
características del movimiento demográfico natural entre los esclavos de la
mayoría de las sociedades esclavistas de América, resulta lógico considerar que
la abolición de la trata, a la larga, asestaría un golpe irremediable al
esclavismo americano.
La trata británica fue abolida en
1807, y desde entonces la Gran Bretaña pasó a ejercer presiones sobre las demás
potencias, y después sobre los nuevos países americanos, para que hicieran lo
mismo. Las presiones variaron desde la diplomacia y los argumentos financieros
hasta el envío de la flota británica a patrullar las costas de África y de los
mismos países esclavistas receptores de los esclavos de trata.
En Brasil una de las soluciones
intentadas después del cierre de la trata africana hacia el país en 1850 fue la
compra de esclavos desde las provincias menos prósperas del norte y nordeste,
también la trata intraprovincial en Río de Janeiro fue importante. La trata
interna fue una solución adoptada por casi todos los países esclavistas, en
mayor o menor medida luego del cierre de la trata africana.
El desarrollo del capitalismo
lleva a la destrucción del esclavismo de tipo colonial. Pero el fin de la
esclavitud no significó necesariamente el triunfo del trabajo asalariado.
Este desarrollo del capitalismo
debe entenderse de dos maneras diferentes ligadas entre sí. Por una parte,
tenemos la constitución fuera de América de un núcleo capitalista dominante, en
función de la revolución industrial en sus primeras etapas. La adaptación a las
modalidades organizativas del mercado mundial, radicalmente cambiadas. Por otra
parte, en el interior de los países de América, el siglo XIX vio el desarrollo
gradual de sectores económicos modernos que terminaron por chocar con las
estructuras esclavistas.
Tres tipos de procesos
abolicionistas en Améica:
a) En un caso únicamente (Haití)
el fin de la esclavitud resultó de una revolución social y nacional entre 1790
y 1804. Allí la independencia y la abolición no significaron durante largas
décadas, un pasaje al capitalismo dependiente, en un país casi aislado se
mantuvieron por mucho tiempo estructuras económicas y sociales arcaicas.
b) En otros casos el fin de la
esclavitud fue impuesto a territorios todavía coloniales por las metrópolis
respectivas, que vivían todas sus procesos de advenimiento o consolidación del
capitalismo como modo de producción dominante y de eliminación de los restos
del antiguo sistema económico. La pérdida de importancia económica y la
declinación de estas colonias parece haber sido un factor de importancia.
c) finalmente, en Cuba y Brasil,
la abolición fue un proceso muy lento, vinculado a la vez a presiones
británicas contra la trata y a la pérdida gradual de importancia y viabilidad
del sistema esclavista por cambios estructurales en las regiones económicas más
dinámicas, los grupos más modernos utilizaron también el trabajo esclavo pero
percibían la pérdida creciente de viabilidad de la esclavitud y no tuvieron
grandes problemas en convertirse a la tesis abolicionista y buscar alternativas al mercado de mano de obra.
En todos los países el fin de la
esclavitud fue seguido por una tendencia a la expansión de la economía
campesina. Los ex esclavos buscaron obtener tierra y volverse económicamente
independientes.
En todos los casos la esclavitud
no dio lugar a trabajo asalariado, sino a formas que implicaron grados
variables de dependencia personal. En casi todos los casos, los ex esclavos
fueron completamente abandonados a su suerte, lo cual muestra el carácter y las
finalidades de casi todos los movimientos abolicionistas.
Las reformas liberales
El sistema colonial estructurado
en base a la explotación del trabajo indígena ofrece muchas más variantes y
posibilidades de transformación a lo largo del tiempo que el sistema
esclavista. La constitución de un mercado de tierras connota todos los
problemas básicos de la transición. Esto implica que antes de la reforma
existieron grandes extensiones de territorio, por lo general adecuados para los
cultivos de exportación, que por mecanismos institucionales estaban desde la
época colonial, inmovilizados. La desamortización consistirá en volver estos
bienes inmuebles a la circulación económica.
La constitución de un verdadero
mercado de tierras fue un proceso generalmente violento. Las comunidades
indígenas establecieron una resistencia mucho más tenaz y duradera, en algunos
casos llegaron a lograr el reconocimiento legal que las primeras leyes
republicanas les negaron.
Una consecuencia mayor de los
cambios en la estructura agraria fue la formación de un mercado de trabajo
adaptado a las necesidades de la economía de exportación.
Entre el peonaje próximo a la
servidumbre y el asalariado libre, sobreviven toda una gama de situaciones intermedias.
El efecto más inmediato de un mercado de mano de obra de esta clase es que el
costo de reproducción de la fuerza de trabajo no está determinado por la
economía mercantil sino por las características y la dinámica de esos sectores
de producción no capitalistas.
Su significación es importante en el punto de
vista empresarial ya que los inmigrantes cumplieron un rol como activos
promotores de actividades agrícolas y comerciales de exportación, artesanías,
educación, etc.
Los diferentes casos de reforma
liberal pueden clasificarse según el grado de predominio alcanzado por la
propiedad privada de la tierra hacia fines del siglo XIX, el periodo de auge de
las economías de exportación.
La formación del estado Argentino" de Oscar Oszlak
Dentro del proceso de
construcción social, la formación del estado nacional supone a la vez la
conformación de la instancia política que articula la dominación en la sociedad
y la materialización de esa instancia en un conjunto interdependiente de
instituciones que permiten su ejercicio. La existencia del estado se
verificaría entonces a partir del desarrollo de una serie de atributos que
definen la “estatidad”, la condición de ser estado, es decir, el surgimiento de
una instancia de organización del poder y de ejercicio de la dominación
política.
Analíticamente, el estado supone
la adquisición por parte de esta entidad en formación, de propiedades:
1) capacidad de externalizar su
poder, obteniendo reconocimiento como unidad soberana dentro de un sistema de
relaciones interestatales.
2) capacidad de institucionalizar
su autoridad, imponiendo una estructura de relaciones de poder que garantice su
monopolio sobre los medios de coerción
3) capacidad de diferenciar su
control a través de la creación de instituciones públicas diferenciadas con
reconocida legitimidad para extraer establemente recursos de la sociedad civil con cierto
grado de profesionalización de sus funcionarios y cierta medida de control
centralizado sobre sus variadas actividades.
4) capacidad de internalizar una
identidad colectiva mediante la emisión de símbolos que refuerzan sentimientos
de pertenencia y solidaridad social que permiten el control ideológico como
mecanismo de dominación.
Existe cierto paralelismo en los
conceptos de estado y nación. El primero se vincula con el desarrollo de
intereses resultantes de la diferenciación e integración de la actividad
económica dentro de un espacio territorialmente delimitado. La segunda implica
una difusión de símbolos, valores y sentimientos de pertenencia a una comunidad
diferenciada por tradiciones, etnias, lenguaje u otros factores de integración
que configuran una identidad colectiva.
Definido el estado como instancia
de articulación de relaciones sociales, es difícil pensar en relaciones más
necesitadas de articulación y garantía de reproducción que las implicadas en la
economía de mercado plenamente desarrollada, en un sistema de producción
capitalista. La constitución de la nación supone en un plano material el
surgimiento y desarrollo dentro de un ámbito territorialmente limitado, de
intereses diferenciados generadores de relaciones sociales capitalistas; y en
un plano ideal, la creación de símbolos y valores generadores de sentimientos
de pertenencia que tienden un arco de solidaridades por encima de los variados
y antagónicos intereses de la sociedad civil enmarcada por la nación.
La constitución del sistema de
dominación que denominamos estado supone
la creación de una instancia y de un mecanismo capaz de articular y
reproducir el conjunto de relaciones sociales establecidas dentro del ámbito
material y simbólicamente delimitado por la nación.
El ámbito de competencia y acción
del estado puede observarse entonces como una arena de negociación y conflicto,
donde se dirigen cuestiones que integran la agenda de problemas socialmente
vigentes. De esta forma el origen, expansión, diferenciación y especialización
de las instituciones estatales resultarían de intentos por resolver la
creciente cantidad de cuestiones que va planteando el contradictorio desarrollo
de la sociedad.
La ampliación del aparato estatal
implica la apropiación y conversión de intereses civiles, comunes, en objeto de
su actividad pero revestidos entonces de la legitimidad que le otorga su
contraposición con la sociedad como interés general. Además, el proceso
conlleva la apropiación de los recursos que consolidarán las bases de
dominación concretas del estado y exteriorizarán en instituciones y decisiones
concretas su presencia material.
Estados nacionales en América
Latina
A este primitivo aparato llamado
Estado se fueron sumando órganos políticos con los que se intentó sustituir el
sistema de dominación colonial y establecer un polo alrededor del cual
constituir un estado nacional. Estos intentos no siempre fueron exitosos.
Muchas veces el fracaso se debió a la escasa integración territorial, derivada
de la precariedad de los mercados y agravada por la interrupción de los
vínculos con la vieja metrópoli. La integración política de las colonias con la
metrópoli había sido una condición necesaria de su explotación económica.
La estructuración de los nuevos
estados se vio condicionada por dos factores: la inexistencia de
interdependencia real entre señores de la tierra, que se ligarían unos a otros
o se someterían a uno de ellos en función de la lucha por poder; y la acción de
la burguesía urbana que mantendría contactos con el exterior y exploraría toda
posibilidad de expansión del intercambio externo al cual se irían vinculando
segmentos del sector rural. Así, en la medida que surgían posibilidades para
una u otra línea de exportaciones, el grupo urbano se consolidaba al mismo
tiempo que se integraba con algún subgrupo rural, creándose de ese modo
condiciones para la estructuración de un efectivo sistema de poder.
La concreta posibilidad de
constitución de un estado dependió fundamentalmente del grado de articulación
logrado entre los intereses rurales y urbanos, lo cual a su vez estuvo
relacionado con las condiciones existentes para la integración territorial
económica. Economía, nación y sistema de
dominación conformarían el estado nacional.
“Orden y progreso”, la clásica formula
condensaba así las preocupaciones centrales de una época: aquella en que
comenzaban a difundirse en América Latina relaciones de producción
capitalistas. La garantía de la expansión y reproducción de estas relaciones no
podía quedar librada a las propias fuerzas sociales que las engendraban. Ante
los sectores dominantes de la época, el estado nacional aparecía como la única
instancia capaz de movilizar los recursos y crear las condiciones que
permitieran superar el desorden y el atraso.
Imponer el orden implicaba
regularizar el funcionamiento de la sociedad, hacer previsibles las
transacciones, regular los comportamientos. El orden aparecía entonces,
paradójicamente, como una drástica modificación del marco habitual de
relaciones sociales. No implicaba el retorno a un patrón normal de convivencia
sino la imposición de uno diferente, congruente con el desarrollo de las nuevas
relaciones de producción y dominación.
La reiterada y manifiesta
capacidad de ejercer el control e imponer el mando efectivo y legítimo sobre
territorio y personas, en nombre de un interés superior material e
ideológicamente fundado en el nuevo patrón de relaciones sociales es lo que
definía el carácter nacional de estos estados.
La cuestión del progreso surgió
como contracara del orden, como su natural corolario. La fórmula que las reunía
señalaba un orden de prelación que adquiría el carácter de condición necesaria
para la plena realización de sus dos términos. Orden y progreso, primero el orden,
luego el progreso.
Un estado capaz de imponer el
orden y promover el progreso era un estado que había adquirido como atributos
la capacidad de institucionalizar su autoridad, diferenciar su control e
internalizar una identidad colectiva. El estado se convirtió en eje para la
consolidación de nuevas modalidades de dominación política y económica.
Dependiendo principalmente de la
naturaleza de los bienes primarios exportables que constituyeron la base de la
inserción en el mercado internacional, se fueron formando relaciones de
producción e intercambio que condicionaron las modalidades de intervención del
estado.
Durante el último tercio del
siglo se llevaron a cabo importantes obras de infraestructura física. Con la
expansión económica se produjo un incremento en el valor y la compra-venta de
tierras, el volumen de las importaciones y las operaciones financieras. Ello
dio origen a nuevas actividades intermediadoras, lo cual exigió a su vez en
perfeccionamiento de la legislación y la regulación de las transacciones. La
acción del estado resultó crucial para la materialización de estos cambios.
El estado debía paralelamente
desarrollar una capacidad extractiva y un aparato de recaudación y
administración financiera que aseguraran su propia reproducción, de modo de
consolidar su poder, legitimarse y continuar sosteniendo las condiciones de
expansión económica.
La articulación de los mercados
internos y su eslabonamiento con la economía internacional se vieron
acompañados por la consolidación del poder de aquella clase o alianza de clases
que controlaba los nuevos circuitos de bienes en que se basó la expansión de la
economía exportadora.
Los problemas relativos al orden
y al progreso concentraron la atención de estos actores, resumiendo la agenda
de cuestiones socialmente vigentes durante la etapa formativa del estado.
"Frívola y casquivana, mano de hierro en guante de seda" de Waldo Ansaldi
Oligarquía no es una clase
social; es una categoría política que designa una forma de ejercicio de la
dominación caracterizada por su concentración y la angosta base social. Es
fundamentalmente coercitiva y cuando existe consenso de clases subalternas,
este es pasivo.
La dominación oligárquica puede
ser ejercida por clases, fracciones o grupos sociales. Siendo una forma de
organización y ejercicio de la dominación de clase, más no una clase,
oligarquía define un tipo de régimen o de estado, al cual no se opone el régimen
o estado burgués o capitalista, sino el democrático. La dominación oligárquica
se construye a partir de la hacienda, considerada como matriz de las sociedades
latinoamericanas. El ejercicio de la
dominación oligárquica genera un modo de ser también oligárquico, en cuya
dominación intervienen valores tales como linaje, tradición, raza, etc.
En la dominación oligárquica, la
concentración del poder en un núcleo pequeño de personas es muy alta, aunque el
espacio de aplicación de ese poder es reducido. De allí la necesidad de
articular poder central y poderes locales. Se trata entonces de una estructura
piramidal en la cual cada nivel dispone de capacidad de dominio altamente
concentrado y de alcance limitado, variables según la posición que se ocupe en
tal pirámide.
"El orden conservador" de Natalio Botana
Un régimen político puede ser
entendido como una estructura institucional de posiciones de poder dispuestas
en un orden jerárquico, desde donde se formulan decisiones autoritativas que
comprometen a toda la población perteneciente a una unidad política. La
construcción de una unidad política asume como problema central el hecho de
subordinar diferentes sectores de poder a un ámbito imperativo más amplio, el
poder político, que por definición es supremo.
Hay dos interrogantes que un
régimen político debe responder. La primera cuestión hace hincapié en la
organización y la distribución de poder y la segunda en el modo de elección de
los gobernantes y los límites que se trazan entre estos y los gobernantes.
La estructura institucional de un
régimen alberga la realidad del poder y a su vez, este haz de relaciones de
control se asienta sobre una constelación de intereses materiales y de valores
que justifican la pretensión de algunos miembros de una unidad política de
gobernar al resto. La operación consiste en traducir los intereses y valores en
una creencia compartida.
Es preciso atribuir valor
preferente a una estructura institucional en detrimento de otra y a partir de
este acto determinadas concepciones de la organización y distribución del
poder, los modos de elección y las fronteras entre gobernantes y gobernados
tendrán más peso valorativo que otras. Hay que hallar una fórmula prescriptiva
o principio de legitimidad que no solo busca satisfacer ideas acerca del
régimen mejor adaptado, sino además pretende gratificar intereses materiales
reivindicados por grupos y clases sociales.
Juan Bautista Alberdi fue el
autor de la fórmula prescriptiva que gozó del beneficio de alcanzar una
traducción institucional sancionada por el congreso en 1853. Lo significativo
de esta fórmula es su perdurabilidad sobre las vicisitudes de la guerra interna
entre Buenos Aires y la Confederación.
Esta fórmula prescriptiva tiene
la particularidad de justificar un régimen político en cuanto hace al origen
del poder y su programa futuro. Alberdi sostuvo que los argentinos debían darse
una constitución para realizar determinado proyecto. Este programa constituye
un conjunto de metas al que debe dar alcance una nación abierta al futuro.
Alberdi rechaza una cultura tradicional, la
cultura hispánica que impide el cambio y la innovación y opta por otro modelo,
el de los países europeos en trance de edificar una sociedad industrial que
libere al hombre de la servidumbre de la naturaleza. Propone inyectar desde
afuera en una cultura, según él históricamente terminada, nuevos fermentos de
población y de riqueza que fueran portadores de esos valores.
El medio para alcanzar estas
metas es el régimen político. Una concepción acerca de la organización y
distribución del poder, del modo de elección de los gobernantes y de las
garantías otorgadas a los gobernados que procura conciliar los valores
igualitarios de una república abierta a todos, con los valores jerárquicos de
una república restrictiva, circunscripta a unos pocos.
Lo que preocupa a Alberdi es
organizar un poder central necesariamente fuerte, para controlar los poderes
locales y suficientemente flexible para incorporar a los antiguos gobernadores
de provincia a una unidad política más vasta. Es preciso por consiguiente que
el nuevo régimen contenga algo del antiguo, según Alberdi.
Esta fusión entre dos tendencias
contradictorias en la historia nacional, la centralización y la
descentralización, pone sobre el tapete la idea que se forjaba Alberdi de la
organización federal, pragmática e imprecisa.
Este gobierno mixto, que expresa
el término federación, retoma rasgos esenciales de los hábitos de obediencia
trazados por la costumbre en las culturas de América del Sur. No hay ruptura
definitiva con un orden tradicional, esa ruptura vendrá después, cuando la
población nueva, la industria y la riqueza den por tierra con la cultura
antigua. Mientras tanto, es preciso reorientar las expectativas de obediencia
hacia un nuevo centro de poder. Allí emergerá un papel político inédito que
habrá de integrar lo nuevo y lo viejo: el control racional de la ley y los
símbolos de dominio y soberanía quebrados desde los tiempos de la
independencia.
Alberdi introduce en la
constitución de 1853 el papel del presidente, la figura monárquica reaparece
bajo la faz republicana. En la fórmula alberdiana el presidente materializa el
poder central pero no detenta todo el poder ni tampoco ejerce un dominio
irresponsable sobre la sociedad.
La constitución de la Federación
Argentina tiene por objeto establecer una república no tiránica. De esa
finalidad se deduce la teoría normativa de las limitaciones del poder. Si el
poder puede degenerar en despotismo, es preciso prevenir esa tendencia, para lo
cual es necesario encuadrar el ejercicio gubernamental dentro de límites
temporales precisos, otorgando a magistraturas diferentes la tarea de legislar,
ejecutar y sancionar.
El problema que inevitablemente
surge en el horizonte de una fórmula republicana es el de saber quiénes y bajo qué
reglas podrán ejercer el gobierno de la sociedad. Alberdi rechazó
explícitamente toda forma de designación derivada de la herencia y optó por la
posición democrática, que hace derivar el título de legitimidad del gobernante
de la elección realizada por el pueblo; no hay, en rigor, legitimidad posible
para el demócrata si ella no proviene del consentimiento popular.
La representación, vista como una
serie de actos mediante los cuales un actor político autoriza a otro a obrar en
su nombre o le impone el deber de dar cuenta de su acción arrastra consigo
nuevos riesgos y por lo tanto nuevas prevenciones.
El pueblo es siempre la fuente de
donde deriva la legitimidad del gobernante. La cuestión reside en saber cuáles
son las fronteras que encuadran esta entidad llamada pueblo, quiénes lo
componen y quiénes permanecen marginados.
La mayoría solo tiene derecho al
ejercicio de la libertad civil, que abre entonces la ruta para implantar la
nueva cultura, porque esas garantías traerán inmigración, industria y riquezas.
La fórmula alberdiana prescribe
la coexistencia de dos tipos de república federativa: la republica abierta y la
república restrictiva. La república abierta estaría regida por la libertad
civil. Pero no controla sus actos de gobierno, los miembros que la integran no
intervienen en la designación de los gobernantes, no son electores ni
representantes, permanecen marginados en una suerte de trasfondo en cuyo centro se recorta un núcleo
político capacitado para hacer gobierno y ejercer el control. Esta es la
república restrictiva.
La totalidad estará dada en la
formula alberdiana, por la república restrictiva más la república abierta,
mientras en una los que participan, mediante el uso de la libertad política,
delegarán de modo voluntario su capacidad potencial de mando, en la otra los
habitantes afincados en un territorio permanecerán dirigidos por un sistema de
control impuesto desde afuera.
Alberdi no prestó suficiente
atención al fenómeno de los movimientos de igualdad. Adoptó todas las
precauciones de la representación indirecta pero las robusteció mediante una
tajante distinción entre el habitante y el ciudadano. La igualdad aparece entonces
como la regla social a la que inevitablemente deberán someterse las relaciones
políticas del futuro. En la circunstancia de una sociedad igualitaria, la
libertad corre riesgo de desaparecer pues la realidad que se impone es la de un
estado que tiene que lidiar con individuos o grupos poco resistentes y de más
en más uniformes.
Para Alberdi, el acto
discriminatorio tiene como propósito asegurar la calidad del acto electoral. El
pueblo debe y puede votar, pero no conviene poner excesiva confianza en la bondad
natural del ciudadano, los electores son hombres débiles a quienes puede
estimular alguna pasión colectiva, o la demagogia de la ambición interesada.
Para Alberdi los nuevos mediadores de la razón en la vida política eran las
leyes y los notables porque, de acuerdo con su punto de vista, la desigualdad
en el sufragio aparecía como la condición necesaria que haría efectiva la
igualdad en la república. Alberdi admitía como premisa indiscutible que los
papeles de elector y elegido debían ser intercambiables.
La fórmula alberdiana culmina
consagrando la contradicción entre desigualdad social e igualdad política,
porque quien elige también puede gobernar y quien gobierna debe gozar de la
autoridad de interpretar y decidir razonablemente. Esta república es, a fin de
cuentas, un régimen político de severas exigencias ya que nada reasegura la
calidad del voto si no es la calidad moral, intelectual o económica del
ciudadano que lo emite.
Votarán los de arriba, los
educados y los ricos, no podrán ni deberán elegir ignorantes y los pobres. El
acto de representación al elegir prudencia y sabiduría para su ejercicio,
plantea un serio dilema: o se universaliza la ciencia del arte del gobierno, o
mientras tanto, la responsabilidad de manejar la suerte de todos, de asumir lo
público desde la particular perspectiva de lo privado, debe quedar en manos de
un pequeño núcleo de privilegiados.
Capítulo III. La república
oligárquica
Ante una propuesta prescriptiva
había que legitimar a través de los hechos una estructura de papeles políticos
dominantes y una regla de sucesión. Entre estas fronteras nuevas y endebles,
era necesario diseñar una fórmula operativa que permitiera a los actores
construir una base de dominación efectiva.
La realidad que se había gestado
durante las presidencias anteriores al 80 demuestra que habrá siempre electores, poder electoral,
elecciones y control, pero los electores serán los gobernantes y no los
gobernados. El poder electoral residirá en los recursos coercitivos o
económicos de los gobiernos y no en el soberano que lo delega de abajo hacia
arriba, las elecciones consistirán en la designación del sucesor por el funcionario
saliente y el control lo ejercerá el gobernante sobre los gobernados antes que
el ciudadano sobre el magistrado.
Si la capacidad electoral está
concentrada en los cargos electorales, el acceso a los mismos permanece
clausurado para otros pretendientes que no sean aquellos designados por un
funcionario saliente. Hay voluntad explícita de mantener la estructura de
papeles dominantes.
Los únicos que podían participar
en el gobierno eran aquellos habilitados por la riqueza, la educación y el
prestigio. A partir del 80 el extraordinario incremento de la riqueza consolidó
el poder económico de un grupo social cuyos miembros fueron aptos para ser
designados gobernantes. El poder económico se confundía con el poder político,
esta coincidencia justificó el desarrollo de la oligarquía como concepto. La
consolidación del régimen político en efecto, no solo coincidió con un
desarrollo espectacular de los medios productivos, también trajo aparejada una
secularización acentuada del clima moral.
Hay una dimensión política del
fenómeno oligárquico en Argentina. Hay oligarquía cuando un grupo pequeño de
actores se apropia de resortes fundamentales del poder y ese grupo está
localizado en una posición privilegiada en la escala de la estratificación
social.
La oligarquía puede ser entendida
como un concepto que califica un sistema de hegemonía gubernamental cuyo
imperio en la Argentina observaba Alberdi antes y después de 1880. El sistema
hegemónico se organizaría sobre las bases de una unificación del origen electoral
de los cargos gubernamentales que debían tener origen distinto. Control evoca
una acción de poder, una voluntad de potencia ejercida sobre otros desde un
determinado punto del espacio político. Como tal esta noción traduce un acto
que se extiende entre dos términos: uno que hace referencia a quien controla y
el otro que califica a quien es controlado; ambos configuran una relación
política a la cual se le podría añadir un tercer elemento, el por qué y el para
qué del control.
Los regímenes políticos oligárquicos
tienen la característica de desplegar un complejo entrecruzamiento de actores y
tendencias en que se enfrentan o se ponen de acuerdo. La constitución
establecía modalidades precisas para elegir a los presidentes y a los miembros
del senado, consagraba el voto directo en la cámara baja, reforzaba los rasgos
unitarios del sistema federativo mediante la intervención federal.
"Participación política y espacio público en Buenos Aires
1860-1880" de Hilda Sábato
Los 3 años que van desde la caída
de Rosas hasta la asunción de Roca a la presidencia fueron testigos de
profundos cambios en la sociedad porteña. Crecimiento económico, expansión
territorial, aumento de la población: en todos los campos las cifras no
reconocen precedente.
La actividad política recobraba
vida. Sin embargo la movilización política urbana que acompañó la resurrección
de las facciones se fue apagando y la vida política de Buenos Aires sería cada
vez más protagonizada por dos máquinas electorales. Si bien la constitución
establecia el sufragio universal para todos los hombres adultos de nacionalidad
argentina, su ejercicio efectivo estaba restringido y las elecciones se
caracterizaban por el fraude, la manipulación y una escasísima participación de
la población. Había marginalidad política para amplios sectores del país, en
particular de los sectores medios y populares urbanos en expansión. Pero si se
amplía el campo de observación y se considera que el ejercicio de la ciudadanía
es solo una de las formas de relación entre sociedad civil y sistema de poder,
pero no la única, se puede explorar toda una serie de fenómenos propios de la
vida política porteña que quedan ocultos cuando se utiliza una versión
restringida del concepto de participación.
Las elecciones cumplían un papel importante
como mecanismo establecido para la renovación de autoridades, que debía
garantizar la sucesión pacífica en los distintos niveles de los poderes
ejecutivo y legislativo, dentro del universo reducido de la clase política.
En el periodo que precedió a 1880
en el escenario de Bs As la ciudadanía no aparecía como una cuestión,
probablemente porque la participación política no se concebía solo en esos
términos. Lo decisivo de esta etapa fue la definición de un espacio público
ampliado. La intervención de la política cobraba con frecuencia dimensión
política y se convirtió en una de las formas típicas de participación en ese
periodo.
En Bs As, las décadas que
siguieron a la caída de Rosas fueron las de desarrollo acelerado de una esfera
pública que serviría como espacio de mediación entre sociedad civil y poder
público.
Tres aspectos de la realidad
porteña de entonces aparecen ligados al proceso de separación entre sociedad
civil y estado: la expansión de la prensa escrita, el surgimiento de la
actividad asociativa y el desarrollo de una verdadera cultura de la
movilización.
Pero en una etapa en que esos
partidos mismos no existían como instituciones orgánicas y el estado estaba aún
en construcción, las asociaciones formaban parte de la trama compleja que
vinculaba fuerzas sociales y clase política.
Hacia el año 80 la implantación
de un régimen oligárquico de base nacional y la complejización creciente de la
estructura social fueron restringiendo la vigencia de los viejos canales de
actuación política en bs as y, aunque estos no desaparecieron, perdieron
efectividad. Los síntomas de la modernización se hicieron sentir más allá de
los límites del sistema político restrictivo y muy pronto la cuestión de la
ciudadanía y de la representación adquirió centralidad en el debate público.
"Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y
cuestión social en Argentina" de Ricardo Falcón
En la primera década del siglo
XX, el régimen inaugurado en 1880 comenzaba a evidenciar síntomas profundos de
desequilibrio. Problemas políticos de envergadura y el estallido de lo que en
la época se denominaba la cuestión social se vislumbraban como crecientes
factores desestabilizantes.
La cuestión social hizo su plena
irrupción en la escena nacional a partir de la huelga general de 1902,
convirtiéndose desde entonces en un problema político de primer orden. Entre
ese año y 1910 tuvo lugar el período de mayor agitación social de la historia
argentina contemporánea.
Entre ambas cuestiones, la crisis
del régimen político y la oleada de agitación social, aparecía un tercer tema
problemático, que en realidad se relacionaba estrechamente con las dos: la
situación de los inmigrantes. Con la primera se relacionaba porque se
encontraban marginados del régimen político y con la segunda porque esos
trabajadores extranjeros eran en los centros urbanos los principales
protagonistas de los movimientos huelguísticos.
La oposición política, el Partido
Radical no eran los únicos protagonistas. Lo que podemos llamar “las
izquierdas” de la época también pesaban en la lucha por imponer una alternativa
posible a la crisis.
Denominamos izquierdas a un
conjunto de movimientos políticos opositores de ideologías que globalmente
podríamos denominar de contestación social o anticapitalistas. La presencia de
movimientos autónomos que presentan entre ellos importantes aspectos físicos
diferenciadores los distinguen. La presencia de movimientos autónomos que
presentan entre ellos importantes aspectos diferenciadores. Dentro de este
espectro, son fundamentales 3 tendencias que merecen en ese periodo en centro
de análisis: el anarquismo, el socialismo y el sindicalismo revolucionario.
Los socialistas
Hay una doble estrategia hacia el
socialismo. Por un lado se lo presentaba como instrumento apto para la
consecución de mejoras económicas y sociales para los trabajadores, y por otro,
como un partido de reformas democráticas, republicanas, profundas. El nexo
entre ambos aspectos era lo que en la época se llamaba la acción política y que
esencialmente se traducía en acción legislativa parlamentaria.
Los socialistas argentinos
enfatizaron una orientación que vinculaba estrechamente lo político con lo
sindical.
Los fracasos de estos intentos
llevaron a una parte de los socialistas a rectificar el rumbo. Desde mediados
de 1892, una mayoría abandonaría la política centrada en lo sindical, para
orientarse más decididamente a una actividad que privilegiaba la construcción
de un partido socialista, sobre la base de un accionar político más definido. A
partir de 1894, al calor de la reactivación económica, se reanuda el movimiento
huelguístico que en 1895 y 1896 tendrá una intensidad particularmente en Bs As
y Rosario, nunca alcanzada hasta entonces. Esto redundará en una reactivación
de los lazos socialistas con el incipiente movimiento sindical y permitirá la
incorporación en sus filas de algunos trabajadores.
Por otro lado, a partir de 1894,
se incorporara al socialismo un grupo de intelectuales que configuran el
proto-intelectual de izquierda en Argentina. Juan B. Justo, Leopoldo Lugones,
etc.
El socialismo tuvo desde 1894 un
proceso de argentinización. Los ejes fundamentales de esta nueva estrategia: la
acción parlamentaria futura como instrumento fundamental para la conquista de
reformas democráticas generales y económico-sociales de los trabajadores. Hacia
1901 los socialistas podían jactarse que algunos aspectos de su prédica estaban
dando frutos. Ese año nació la federación obrera FOA.
No obstante surgían fuertes
tensiones entre ambas corrientes que a corto plazo llevarían a una ruptura. En
el fondo de esas tensiones estaban las divergencias estratégicas que se
expresarían particularmente en el debate en torno a la huelga general. A
diferencia de sus adversarios, los socialistas no veían en ella un instrumento
insurreccional y deploraban la violencia que solía acompañar estas
manifestaciones. Para los socialistas, la huelga general era un instrumento que
solo resultaba idóneo en ciertas circunstancias, mientras privilegiaban las
huelgas parciales por reivindicaciones económico-sociales. Otra fuente de roces
era la tentativa socialista de vincular acción sindical y acción política, lo
que necesariamente chocaba con el fuerte antipoliticismo de los anarquistas.
Los socialistas terminarían
escindiéndose y constituyendo la Unión General de Trabajadores. Otro hecho
importante para los socialistas fue la elección de su primer representante
legislativo a nivel nacional, Alfredo Palacios, en 1904. La presencia de Palacios en el
congreso y su acción por la consecución de reformas legislativas tendientes a
mejorar el nivel de vida y las condiciones laborales de los trabajadores, al mismo tiempo que parecía convalidar la
justeza de la estrategia planteada desde años antes por los dirigentes
socialistas, aceleraba las críticas anarquistas y las tensiones internas entre
el ala sindical y el ala política.
En este marco, una repercusión
mayor tendría el debate interno en torno a la posición que el partido debería
adoptar frente al proyecto del código de trabajo, impulsado por una
auto-reforma del régimen oligárquico en que el aspecto político había tenido su
expresión en la reforma de la ley electoral en 1902.
La ley de residencia establecía
un mecanismo de férrea regimentación de la actividad sindical. En el trasfondo
de esta iniciativa se encontraba una jugada por parte de la elite, destinada a
aislar al anarquismo al mismo tiempo que integrar un sector del movimiento
obrero por vía del partido socialista. El proyecto finalmente fracasaría porque
encontraría una dura oposición del movimiento obrero y una escasa predisposición
entre los sectores vinculados a la unión industrial argentina.
La pérdida de un contingente
importante de militantes sindicales se
sumaba en el socialismo a la no renovación del mandato de Palacios. Será recién
con la ampliación del régimen político a través de la ley Sáenz Peña que los
socialistas recogerán los primeros frutos políticos de una estrategia que no
parecía viable en el período oligárquico.
Los anarquistas
Para ellos la situación entre
1902 y 1910 se presentaba mucho más favorable. Surgen dos grandes tendencias:
los anarquistas organizadores y los anti-organizadores, cuyo eje de división
era la aceptación o rechazo de ciertas formas de organización estables del
movimiento, la participación en las organizaciones sindicales y la lucha por
reivindicaciones parciales.
Entre 1890 y1894 serán los
anti-organizadores quienes llevan la delantera. Un fuerte tono antipoliticista,
antiestatista, una cerrada oposición al establecimiento de vínculos entre los
propios anarquistas que fueran más allá de la libre formación de grupos por
afinidad, un rechazo a los principios de lucha de clases, y consecuentemente a
la participación en organizaciones obreras y a las huelgas parciales y un
constante reclamo de la propaganda por los hechos eran rasgos principales de la
tendencia.
Su antipoliticismo descartaba
cualquier preocupación por la naturalización de los extranjeros. Esta
característica corresponderá tanto a los anti-organizadores, como a los
organizadores. Los organizadores irán adquiriendo cada vez un perfil más
anarco-sindicalista. Compartiendo con la otra tendencia su antipoliticismo y
antiestatismo, se diferenciaban sin embargo en la admisión de formas
organizativas federativas para el movimiento anarquista y aceptaban la
importancia de la organización sindical y de la lucha por demandas parciales,
aunque siempre en el camino de la huelga general insurreccional.
Entre 1902 y 1910 los anarquistas
llegaron a constituir en Argentina una fuerza política importante. La condena
del autoritarismo estatal y el énfasis puesto en las demandas del movimiento
social fueron los ejes centrales de la actividad anarquista en este período.
La ampliación del régimen
político y la instauración de un marco democrático con la llegada del
radicalismo al poder y el establecimiento de un nuevo tipo de relaciones entre
el estado y los sindicatos, disminuirá los efectos de una predica que como
anarquista estaba centrada en lo anti-autoritario.
Antes de la plena adopción de la
ideología sindicalista revolucionaria, la fracción disidente fue esbozando un
conjunto de planteos que sin implicar una ruptura total con el socialismo
argentino la ubicaban en un ala izquierda.
Los sindicalistas revolucionarios
comparten el antipoliticismo y el antiestatismo de los anarquistas, pero pronto
se hacen visibles notorias diferencias entre ambas corrientes. Para los
sindicalistas, el rechazo a la acción política no será sustituido por la
preparación de la vía insurreccional, sino que el sindicato será el eje
presente y futuro de toda la vida social y política. Los sindicalistas
revolucionarios ostentarán un planteo de auto-educación obrera. La construcción
de la clase obrera pasara a ser uno de los planteos centrales de la ideología
sindicalista revolucionaria a la cual deberían subordinarse los aspectos
secundarios.
El problema de la unidad se
convierte en un elemento decisivo en la polémica con los anarquistas. A pesar
del evidente anti-intelectualismo de la propaganda sindicalista revolucionaria,
el movimiento congregará a un sector de intelectuales socialista.
En lo que al estado y al régimen
político concernía, los sindicalistas revolucionarios tendrán posturas
similares a las de los anarquistas. Rechazarán cualquier tentativa de reforma
política y cualquier intento de integración de los trabajadores.
El caso del anarquismo argentino
es también singular. El grado de desarrollo de esta corriente en ciudades como
Rosario o Bs As es uno de los más altos del mundo dentro del espectro de
movimientos anarquistas urbanos de la época.
Dos han sido las tradicionales
explicaciones a este fenómeno. La primera atribuye la fuerza del anarquismo
argentino a la presencia de alto porcentaje de inmigrantes de origen italiano o
español, países considerados como de tradición anarquista. La segunda, hace descansar
el éxito en la presencia en Argentina urbana de rasgos pre-capitalistas. De
esta manera, el anarquismo correspondería con la presencia mayoritaria de una
capa de trabajadores de características semi artesanales, mientras el marxismo
sería la ideología propia de los períodos industrializados.
En los gremios con estructuración
nacional requerían una necesaria relación con el estado, el antiestatismo
anarquista se convertirá en un obstáculo.
Los motivos fundamentales del
predominio del anarquismo sobre las otras corrientes de izquierda deben
buscarse en sus posturas en torno a las 3 cuestiones decisivas de la época: las
alternativas frente al régimen político, la cuestión étnica y la cuestión
social.
En síntesis, gran parte de la
población estaba marginada del régimen político y la vida parlamentaria
reflejaba mucho más el juego entre distintos sectores de la elite, que el
conjunto de opciones políticas
existentes en la sociedad. En estas condiciones el rechazo simple y llano de
los anarquistas se correspondía con la visión que los inmigrantes podían tener
del régimen político.
Que los migrantes nacionales se
mantuvieron marginados del régimen político significa que encontraban otras
formas de participación en algunos de sus segmentos (asociaciones, etc). Hasta
principios de nuevo siglo, el estado mantuvo una actitud prescindente ante los
conflictos entre obreros y propietarios capitalistas. La resolución de estos
conflictos quedaba librada al libre juego de correlación de fuerzas de las
partes en pugna.
La situación se modifica a partir
de la huelga general de 1902. El estado inaugura entonces una doble política
hacia el movimiento de los trabajadores. Por un lado, domina la represión
directa y decidida. Una segunda política destinada a lograr una integración del
movimiento obrero también estuvo presente. Hay una tentativa parcial de
integrar limitadamente al movimiento obrero al régimen político, a partir de la
reforma electoral que daría lugar a la elección de Alfredo Palacios. Por otro
lado, hay un intento de integración corporativa del movimiento obrero a través
del proyecto del código del trabajo.
Frente a una política estatal de
este tipo, la propaganda antiestatista de los anarquistas no encontraría
demasiadas contradicciones. Su denuncia implacable y sistemática del estado
como instrumento de opresión parecía convalidada por la actitud de la elite
hacia los trabajadores.
Se trataba de convencer a los
trabajadores extranjeros de naturalizarse argentinos y ejercer sus derechos
políticos y confiar en la acción legislativa, frente a un sistema que no era un
garante serio para ninguna de estas iniciativas. Una característica de la
situación de los extranjeros en gran parte del siglo XIX y XX en Argentina fue
la tendencia a la presencia de la
identidad étnica. Esta integración económico-social podía realizarse sin
necesidad de incorporarse al régimen político ni desistir de su identidad
étnica y cultural.
En los socialistas existía una
predisposición similar a rechazar las tendencias a la persistencia de la
identidad étnica y sus formas organizativas derivadas, por parte de los
trabajadores extranjeros. Aunque aquí el eje nucleador era el partido político
y no el sindicato, el criterio clasista también se imponía.
Por el contrario, los anarquistas
inspirados por sus concepciones profundamente antipatrióticas e
internacionalistas, sumadas a su repudio al régimen político, no evidenciaron
ningún interés particular por ahogar las tendencias al agrupamiento sobre bases
étnicas que mostraban los extranjeros.
La multiplicidad étnica aparecía
para la elite dirigente como un mosaico que requería la creación de la
nacionalidad argentina como elemento fundamental para la existencia de bases
estables ideológicas de dominación.
Esta tentativa de nacionalización
forzada agregará un elemento adicional de simparía hacia la actitud anarquista
de tolerancia con los particularismos étnicos. Los socialistas, en cambio,
participaran de ese proceso de argentinización aun cuando su óptica fuera
parcialmente diferente a la de la elite.
El último de los 3 grandes
problemas que enfrentaban las izquierdas del cambio de siglo es la llamada
cuestión social. En efecto, los conflictos entre capital y trabajo se resolvían
de forma individual y pacífica. El relativamente alto grado de movilidad social
para los inmigrantes actuaba como un colchón, impidiendo que las situaciones
conflictivas conllevaran violencia social.
En los últimos años del siglo XIX
y principios del XX, la tendencia dominante entre los trabajadores urbanos
comienza a cambiar. El rechazo a las condiciones vigentes se hace cada vez más
visible y va acompañado de una mayor estructuración capitalista de las
relaciones de trabajo.
Las huelgas parciales tenían
objetivos concretos y precisos: mejorar las condiciones en el ámbito de la
producción. La huelga general, por parte de los anarquistas, solo era aceptable
con fines defensivos en determinadas circunstancias. La huelga general de 1910
terminó en una profunda derrota para el movimiento obrero.
"La reforma de 1912" de Natalio Botana
En 1910, Roque Sáenz Peña
ascendía a la primera magistratura de la república. Había sido elegido de
acuerdo con la fórmula operativa de un régimen político instaurado en 1880.
La reforma política de 1912 es
consecuencia de una serie de circunstancias históricas:
1) se había quebrado
definitivamente la alianza de personalidades y grupos locales que apoyaban al
viejo partido autonomista nacional (PAN).
2) La contradicción entre los
mandatos constitucionales y las prácticas políticas corrientes de fraude
electoral y los mecanismos informales que distribuían los cargos políticos.
3) el partido político creado
independientemente de las fuentes de recursos gubernamentales que planteaba una
exigencia de participación electoral y perseguía sistemáticamente la captación
de adherentes y seguidores mediante la organización de sus cuadros, la difusión
de una ideología y la elaboración de un programa.
El centro de preocupación de las
ocupaciones concretas de los hombres públicos era el problema político. Circulaban
entonces dos ideologías paralelas que se caracterizaban por no interferir
mutuamente en sus campos de justificación y de crítica: una era la ideología
del progreso ilimitado, que justificaba el sistema socioeconómico, la otra era
la ideología de reparación moral que impugnaba al régimen político.
Las relaciones de dominio entre
las diferentes funciones que configuraban el régimen político, la composición
sociológica de la clase dirigente donde se reclutaban los gobernantes y el
sistema de sucesión presidencial que garantizaba el triunfo del candidato
oficial, apoyado por el presidente saliente.
Durante varios años fueron jefes
de estado y conductores de esa vasta
asociación sin contrato ni reglamento, sin estatutos ni programa que fue el
PAN, Julio Argentino Roca y Carlos Pellegrini.
En 1890 Roca retomó el control
del gobierno y fue reelecto por un colegio electoral que reflejó el juego de
alianzas oligárquicas locales del PAN. El defensor público del candidato y el
colaborador durante los primeros 3 años de la presidencia fue Pellegrini.
Pellegrini resolvió dar batalla
dos años después en las elecciones de diputados de la capital. Combinó entonces
2 estrategias: recorrió la ciudad, hizo pública su impugnación al régimen y
proclamó su fe en una democracia libre del fraude y la corrupción; y por otro
lado estableció una coalición con el mitrismo y retomó el control de la
maquinaria política para comprar votos. Pellegrini triunfó en las elecciones de
1906, abriendo el camino para la orientación del gobierno de Figueroa Alcorta.
El partido autonomista nacional
constituyó un vehículo original para vincular a los personajes locales de
provincias y comunas con el poder presidencial. El PAN no fue una organización
establecida para movilizar a la población sino un instrumento que comunicó a
las oligarquías regionales entre sí, nacionalizándolas dentro de un conjunto de
relaciones de subordinación estrictamente acotadas.
Roque Sáenz Peña fue electo
gracias al concurso del sector antirroquista que de acuerdo con la estrategia
trazada por Pellegrini y Fiogueroa Alcorta, conquistó la antigua maquinaria
electoral y situaciones provinciales. El movimiento gestado para impulsar su
candidatura, la unión nacional, no difería en rigor del viejo PAN: ambos fueron
un vehículo eficaz para vincular oligarquías.
Después de la revolución de 1890,
cuando culminaba una brillante carrera diplomática, Sáenz Peña encabezó un
movimiento de renovación conservadora que lo hizo candidato firme en las
elecciones presidenciales de 1892 y que solo pudo desbaratar Roca, logrando la
adhesión del PAN y del mitrismo a la candidatura de su padre, Luis Sáenz Peña.
Cuando Sáenz Peña asume la
presidencia, existían conflictos políticos no solo en las filas de la
oligarquía. Surgía un nuevo tipo de organización que prescindía de los recursos
públicos para persistir en la acción política. Los partidos políticos modernos
nacieron en las entrañas de la crisis de 1890.
Yrigoyen hizo de la UCR el primer
partido de movilización popular que abarcó todo el país. Juan B. Justo construyó
con el partido socialista una organización de disciplina estricta con
centralización ideológica que respondió a las expectativas internacionalistas
de grupos inmigratorios establecidos en Bs As.
Yrigoyen utilizó con un propósito
diferente los mismos recursos tecnológicos implantados por el roquismo para
vincular a los gobiernos locales con el poder presidencial. Así, Roca consiguió
vincular las diversas partes de una estructura de gobierno. Yrigoyen, en
cambio, logró comunicar entre sí a las distintas partes de una estructura de
partido. Edificó de esta manera una organización paralela al régimen
institucional.
El partido radical representó la
exigencia de reforma política más significativa gestada por un grupo organizado
no incorporado al ejercicio del poder. Esta exigencia fue percibida por
Figueroa Alcorta y Sáenz Peña.
No obstante, el núcleo en torno
al cual se cristalizó la incorporación efectiva de los partidos al sistema
político fue la ley electoral con el fin de garantizar el sufragio y crear el
sufragante, implantando el voto secreto y obligatorio, asegurando las máximas
garantías en los comicios y en el escrutinio, y dando representación a las
minorías.
Lo que no se previó fue que
radicales o socialistas, que no se consideraban rivales peligrosos, pudieran
aventajar a nacionales y cívicos. Fue un resultado del voto secreto, que ponía
fin a la práctica de la compra directa de sufragios.
En 1916, el ámbito de la
competencia se ampliaba inevitablemente: allí no estaba en juego una banca de
diputados ni una gobernación de provincia sino el poder presidencial, centro
vital del sistema político argentino.
Una querella circuló entre las
oligarquías provinciales e implicaba esta opción: construir un partido nacional
cuyo candidato y programa fueran conocidos previamente en todo el país o
persistir en el juego de alianzas locales para negociar posteriormente un
candidato a la presidencia en el colegio electoral.
El valor dominante parecía ser la
preocupación por los problemas institucionales y la escasa importancia otorgada
a la gestión cotidiana de los asuntos públicos. Sáenz Peña no es en esta
perspectiva, el conductor de un gobierno, sino fundador de un régimen.
Sáenz Peña estaba convencido de 2
cosas durante su gestión: la necesidad de movilizar al ciudadano imponiendo por
ley la obligación de votar y la certeza de que, devuelta la vida a un cuerpo
electoral libre, surgirían naturalmente los grandes partidos orgánicos. La
reforma de 1912 se introdujo en un campo político donde se habían arraigado 2
tradiciones contradictorias. La primera valorizaba el régimen político cerrado
del roquismo y estaba básicamente articulada por los grupos conservadores de
provincias. La segunda valorizaba un régimen abierto de participación popular y,
en el ámbito nacional, estaba articulada por el partido radical. En medio de
ambas se interpuso el proyecto de Sáenz Peña, que se enfrentó con una
predisposición positiva y otra negativa. La UCR fue una estructura adaptada al
cambio, los grupos conservadores, por el contrario, continuaron aferrados a la
tradición anterior
"Breve historia contemporánea de la Argentina" de Luis Alberto Romero
Yrigoyen fue presidente de 1916 a
1922, año en que lo sucedió Marcelo T. de Alvear.
Ambos presidentes eran muy
distintos entre sí y más aún fueron las imágenes que de ellos se construyó. La
de Yrigoyen fue contradictoria desde el principio. Uno y otro debieron afrontar
parecidos problemas y sobre todo el doble desafío de poner en pie las
instituciones democráticas y conducir por los nuevos canales de representación
y negociación las demandas de reforma de la sociedad, que el radicalismo de
alguna manera había asumido.
Esa voluntad reformista que
caracterizó al radicalismo y que había surgido en el proceso de expansión previa,
hubo de desarrollarse en circunstancias marcadamente distintas e infinitamente
más complejas de aquellas en que ambos se imaginaron.
La guerra misma constituyó un
desafío y un problema difícil de resolver. Yrigoyen mantuvo la neutralidad
benévola hacia los aliados.
Yrigoyen se unió a quienes
encontraban esa identidad en la común raíz hispana. Otro movimiento de
dimensión latinoamericana de la época fue la reforma universitaria.
No hay comentarios :
Publicar un comentario