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Procesos I 1°Parcial

 "Historia económica de América Latina" de Horacio Cardozo
El proceso de transición puede caracterizarse como un conjunto de cambios a nivel de la economía y la sociedad nacionales exigidos para posibilitar la expansión en gran escala de las actividades exportadora. Estas trasformaciones se efectuaron a partir de tres procesos básicos: la abolición de la esclavitud, la reforma liberal y la colonización de áreas vacías.

En los países que durante el período colonial se caracterizaron por una economía centrada en la plantación esclavista, el problema de la abolición, la necesidad de un cambio radical en el mercado de trabajo, determinará las soluciones consideradas como posibles, para el conjunto más amplio de transformaciones exigidas: mercado de tierras, de capitales, legislación, etc.
Teniendo en cuenta las características del movimiento demográfico natural entre los esclavos de la mayoría de las sociedades esclavistas de América, resulta lógico considerar que la abolición de la trata, a la larga, asestaría un golpe irremediable al esclavismo americano.
La trata británica fue abolida en 1807, y desde entonces la Gran Bretaña pasó a ejercer presiones sobre las demás potencias, y después sobre los nuevos países americanos, para que hicieran lo mismo. Las presiones variaron desde la diplomacia y los argumentos financieros hasta el envío de la flota británica a patrullar las costas de África y de los mismos países esclavistas receptores de los esclavos de trata.
En Brasil una de las soluciones intentadas después del cierre de la trata africana hacia el país en 1850 fue la compra de esclavos desde las provincias menos prósperas del norte y nordeste, también la trata intraprovincial en Río de Janeiro fue importante. La trata interna fue una solución adoptada por casi todos los países esclavistas, en mayor o menor medida luego del cierre de la trata africana.
El desarrollo del capitalismo lleva a la destrucción del esclavismo de tipo colonial. Pero el fin de la esclavitud no significó necesariamente el triunfo del trabajo asalariado.
Este desarrollo del capitalismo debe entenderse de dos maneras diferentes ligadas entre sí. Por una parte, tenemos la constitución fuera de América de un núcleo capitalista dominante, en función de la revolución industrial en sus primeras etapas. La adaptación a las modalidades organizativas del mercado mundial, radicalmente cambiadas. Por otra parte, en el interior de los países de América, el siglo XIX vio el desarrollo gradual de sectores económicos modernos que terminaron por chocar con las estructuras esclavistas.
Tres tipos de procesos abolicionistas en Améica:
a) En un caso únicamente (Haití) el fin de la esclavitud resultó de una revolución social y nacional entre 1790 y 1804. Allí la independencia y la abolición no significaron durante largas décadas, un pasaje al capitalismo dependiente, en un país casi aislado se mantuvieron por mucho tiempo estructuras económicas y sociales arcaicas.
b) En otros casos el fin de la esclavitud fue impuesto a territorios todavía coloniales por las metrópolis respectivas, que vivían todas sus procesos de advenimiento o consolidación del capitalismo como modo de producción dominante y de eliminación de los restos del antiguo sistema económico. La pérdida de importancia económica y la declinación de estas colonias parece haber sido un factor de importancia.
c) finalmente, en Cuba y Brasil, la abolición fue un proceso muy lento, vinculado a la vez a presiones británicas contra la trata y a la pérdida gradual de importancia y viabilidad del sistema esclavista por cambios estructurales en las regiones económicas más dinámicas, los grupos más modernos utilizaron también el trabajo esclavo pero percibían la pérdida creciente de viabilidad de la esclavitud y no tuvieron grandes problemas en convertirse a la tesis abolicionista y buscar alternativas al mercado de mano de obra.
En todos los países el fin de la esclavitud fue seguido por una tendencia a la expansión de la economía campesina. Los ex esclavos buscaron obtener tierra y volverse económicamente independientes.
En todos los casos la esclavitud no dio lugar a trabajo asalariado, sino a formas que implicaron grados variables de dependencia personal. En casi todos los casos, los ex esclavos fueron completamente abandonados a su suerte, lo cual muestra el carácter y las finalidades de casi todos los movimientos abolicionistas.
Las reformas liberales
El sistema colonial estructurado en base a la explotación del trabajo indígena ofrece muchas más variantes y posibilidades de transformación a lo largo del tiempo que el sistema esclavista. La constitución de un mercado de tierras connota todos los problemas básicos de la transición. Esto implica que antes de la reforma existieron grandes extensiones de territorio, por lo general adecuados para los cultivos de exportación, que por mecanismos institucionales estaban desde la época colonial, inmovilizados. La desamortización consistirá en volver estos bienes inmuebles a la circulación económica.
La constitución de un verdadero mercado de tierras fue un proceso generalmente violento. Las comunidades indígenas establecieron una resistencia mucho más tenaz y duradera, en algunos casos llegaron a lograr el reconocimiento legal que las primeras leyes republicanas les negaron.
Una consecuencia mayor de los cambios en la estructura agraria fue la formación de un mercado de trabajo adaptado a las necesidades de la economía de exportación.
Entre el peonaje próximo a la servidumbre y el asalariado libre, sobreviven toda una gama de situaciones intermedias. El efecto más inmediato de un mercado de mano de obra de esta clase es que el costo de reproducción de la fuerza de trabajo no está determinado por la economía mercantil sino por las características y la dinámica de esos sectores de producción no capitalistas.
 Su significación es importante en el punto de vista empresarial ya que los inmigrantes cumplieron un rol como activos promotores de actividades agrícolas y comerciales de exportación, artesanías, educación, etc.
Los diferentes casos de reforma liberal pueden clasificarse según el grado de predominio alcanzado por la propiedad privada de la tierra hacia fines del siglo XIX, el periodo de auge de las economías de exportación.
 La formación del estado Argentino" de Oscar Oszlak
Dentro del proceso de construcción social, la formación del estado nacional supone a la vez la conformación de la instancia política que articula la dominación en la sociedad y la materialización de esa instancia en un conjunto interdependiente de instituciones que permiten su ejercicio. La existencia del estado se verificaría entonces a partir del desarrollo de una serie de atributos que definen la “estatidad”, la condición de ser estado, es decir, el surgimiento de una instancia de organización del poder y de ejercicio de la dominación política.
Analíticamente, el estado supone la adquisición por parte de esta entidad en formación, de propiedades:
1) capacidad de externalizar su poder, obteniendo reconocimiento como unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales.
2) capacidad de institucionalizar su autoridad, imponiendo una estructura de relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios de coerción
3) capacidad de diferenciar su control a través de la creación de instituciones públicas diferenciadas con reconocida legitimidad para extraer establemente  recursos de la sociedad civil con cierto grado de profesionalización de sus funcionarios y cierta medida de control centralizado sobre sus variadas actividades.
4) capacidad de internalizar una identidad colectiva mediante la emisión de símbolos que refuerzan sentimientos de pertenencia y solidaridad social que permiten el control ideológico como mecanismo de dominación.
Existe cierto paralelismo en los conceptos de estado y nación. El primero se vincula con el desarrollo de intereses resultantes de la diferenciación e integración de la actividad económica dentro de un espacio territorialmente delimitado. La segunda implica una difusión de símbolos, valores y sentimientos de pertenencia a una comunidad diferenciada por tradiciones, etnias, lenguaje u otros factores de integración que configuran una identidad colectiva.
Definido el estado como instancia de articulación de relaciones sociales, es difícil pensar en relaciones más necesitadas de articulación y garantía de reproducción que las implicadas en la economía de mercado plenamente desarrollada, en un sistema de producción capitalista. La constitución de la nación supone en un plano material el surgimiento y desarrollo dentro de un ámbito territorialmente limitado, de intereses diferenciados generadores de relaciones sociales capitalistas; y en un plano ideal, la creación de símbolos y valores generadores de sentimientos de pertenencia que tienden un arco de solidaridades por encima de los variados y antagónicos intereses de la sociedad civil enmarcada por la nación.
La constitución del sistema de dominación que denominamos estado supone  la creación de una instancia y de un mecanismo capaz de articular y reproducir el conjunto de relaciones sociales establecidas dentro del ámbito material y simbólicamente delimitado por la nación.
El ámbito de competencia y acción del estado puede observarse entonces como una arena de negociación y conflicto, donde se dirigen cuestiones que integran la agenda de problemas socialmente vigentes. De esta forma el origen, expansión, diferenciación y especialización de las instituciones estatales resultarían de intentos por resolver la creciente cantidad de cuestiones que va planteando el contradictorio desarrollo de la sociedad.
La ampliación del aparato estatal implica la apropiación y conversión de intereses civiles, comunes, en objeto de su actividad pero revestidos entonces de la legitimidad que le otorga su contraposición con la sociedad como interés general. Además, el proceso conlleva la apropiación de los recursos que consolidarán las bases de dominación concretas del estado y exteriorizarán en instituciones y decisiones concretas su presencia material.
Estados nacionales en América Latina
A este primitivo aparato llamado Estado se fueron sumando órganos políticos con los que se intentó sustituir el sistema de dominación colonial y establecer un polo alrededor del cual constituir un estado nacional. Estos intentos no siempre fueron exitosos. Muchas veces el fracaso se debió a la escasa integración territorial, derivada de la precariedad de los mercados y agravada por la interrupción de los vínculos con la vieja metrópoli. La integración política de las colonias con la metrópoli había sido una condición necesaria de su explotación económica.
La estructuración de los nuevos estados se vio condicionada por dos factores: la inexistencia de interdependencia real entre señores de la tierra, que se ligarían unos a otros o se someterían a uno de ellos en función de la lucha por poder; y la acción de la burguesía urbana que mantendría contactos con el exterior y exploraría toda posibilidad de expansión del intercambio externo al cual se irían vinculando segmentos del sector rural. Así, en la medida que surgían posibilidades para una u otra línea de exportaciones, el grupo urbano se consolidaba al mismo tiempo que se integraba con algún subgrupo rural, creándose de ese modo condiciones para la estructuración de un efectivo sistema de poder.
La concreta posibilidad de constitución de un estado dependió fundamentalmente del grado de articulación logrado entre los intereses rurales y urbanos, lo cual a su vez estuvo relacionado con las condiciones existentes para la integración territorial económica. Economía, nación y sistema de dominación conformarían el estado nacional.
 “Orden y progreso”, la clásica formula condensaba así las preocupaciones centrales de una época: aquella en que comenzaban a difundirse en América Latina relaciones de producción capitalistas. La garantía de la expansión y reproducción de estas relaciones no podía quedar librada a las propias fuerzas sociales que las engendraban. Ante los sectores dominantes de la época, el estado nacional aparecía como la única instancia capaz de movilizar los recursos y crear las condiciones que permitieran superar el desorden y el atraso.
Imponer el orden implicaba regularizar el funcionamiento de la sociedad, hacer previsibles las transacciones, regular los comportamientos. El orden aparecía entonces, paradójicamente, como una drástica modificación del marco habitual de relaciones sociales. No implicaba el retorno a un patrón normal de convivencia sino la imposición de uno diferente, congruente con el desarrollo de las nuevas relaciones de producción y dominación.
La reiterada y manifiesta capacidad de ejercer el control e imponer el mando efectivo y legítimo sobre territorio y personas, en nombre de un interés superior material e ideológicamente fundado en el nuevo patrón de relaciones sociales es lo que definía el carácter nacional de estos estados.
La cuestión del progreso surgió como contracara del orden, como su natural corolario. La fórmula que las reunía señalaba un orden de prelación que adquiría el carácter de condición necesaria para la plena realización de sus dos términos. Orden y progreso, primero el orden, luego el progreso.
Un estado capaz de imponer el orden y promover el progreso era un estado que había adquirido como atributos la capacidad de institucionalizar su autoridad, diferenciar su control e internalizar una identidad colectiva. El estado se convirtió en eje para la consolidación de nuevas modalidades de dominación política y económica.
Dependiendo principalmente de la naturaleza de los bienes primarios exportables que constituyeron la base de la inserción en el mercado internacional, se fueron formando relaciones de producción e intercambio que condicionaron las modalidades de intervención del estado.
Durante el último tercio del siglo se llevaron a cabo importantes obras de infraestructura física. Con la expansión económica se produjo un incremento en el valor y la compra-venta de tierras, el volumen de las importaciones y las operaciones financieras. Ello dio origen a nuevas actividades intermediadoras, lo cual exigió a su vez en perfeccionamiento de la legislación y la regulación de las transacciones. La acción del estado resultó crucial para la materialización de estos cambios.
El estado debía paralelamente desarrollar una capacidad extractiva y un aparato de recaudación y administración financiera que aseguraran su propia reproducción, de modo de consolidar su poder, legitimarse y continuar sosteniendo las condiciones de expansión económica.
La articulación de los mercados internos y su eslabonamiento con la economía internacional se vieron acompañados por la consolidación del poder de aquella clase o alianza de clases que controlaba los nuevos circuitos de bienes en que se basó la expansión de la economía exportadora.
Los problemas relativos al orden y al progreso concentraron la atención de estos actores, resumiendo la agenda de cuestiones socialmente vigentes durante la etapa formativa del estado.

"Frívola y casquivana, mano de hierro en guante de seda"  de Waldo Ansaldi 
Oligarquía no es una clase social; es una categoría política que designa una forma de ejercicio de la dominación caracterizada por su concentración y la angosta base social. Es fundamentalmente coercitiva y cuando existe consenso de clases subalternas, este es pasivo.
La dominación oligárquica puede ser ejercida por clases, fracciones o grupos sociales. Siendo una forma de organización y ejercicio de la dominación de clase, más no una clase, oligarquía define un tipo de régimen o de estado, al cual no se opone el régimen o estado burgués o capitalista, sino el democrático. La dominación oligárquica se construye a partir de la hacienda, considerada como matriz de las sociedades latinoamericanas.  El ejercicio de la dominación oligárquica genera un modo de ser también oligárquico, en cuya dominación intervienen valores tales como linaje, tradición, raza, etc.
En la dominación oligárquica, la concentración del poder en un núcleo pequeño de personas es muy alta, aunque el espacio de aplicación de ese poder es reducido. De allí la necesidad de articular poder central y poderes locales. Se trata entonces de una estructura piramidal en la cual cada nivel dispone de capacidad de dominio altamente concentrado y de alcance limitado, variables según la posición que se ocupe en tal pirámide.
 "El orden conservador" de Natalio Botana
Un régimen político puede ser entendido como una estructura institucional de posiciones de poder dispuestas en un orden jerárquico, desde donde se formulan decisiones autoritativas que comprometen a toda la población perteneciente a una unidad política. La construcción de una unidad política asume como problema central el hecho de subordinar diferentes sectores de poder a un ámbito imperativo más amplio, el poder político, que por definición es supremo.
Hay dos interrogantes que un régimen político debe responder. La primera cuestión hace hincapié en la organización y la distribución de poder y la segunda en el modo de elección de los gobernantes y los límites que se trazan entre estos y los gobernantes.
La estructura institucional de un régimen alberga la realidad del poder y a su vez, este haz de relaciones de control se asienta sobre una constelación de intereses materiales y de valores que justifican la pretensión de algunos miembros de una unidad política de gobernar al resto. La operación consiste en traducir los intereses y valores en una creencia compartida.
Es preciso atribuir valor preferente a una estructura institucional en detrimento de otra y a partir de este acto determinadas concepciones de la organización y distribución del poder, los modos de elección y las fronteras entre gobernantes y gobernados tendrán más peso valorativo que otras. Hay que hallar una fórmula prescriptiva o principio de legitimidad que no solo busca satisfacer ideas acerca del régimen mejor adaptado, sino además pretende gratificar intereses materiales reivindicados por grupos y clases sociales.
Juan Bautista Alberdi fue el autor de la fórmula prescriptiva que gozó del beneficio de alcanzar una traducción institucional sancionada por el congreso en 1853. Lo significativo de esta fórmula es su perdurabilidad sobre las vicisitudes de la guerra interna entre Buenos Aires y la Confederación.
Esta fórmula prescriptiva tiene la particularidad de justificar un régimen político en cuanto hace al origen del poder y su programa futuro. Alberdi sostuvo que los argentinos debían darse una constitución para realizar determinado proyecto. Este programa constituye un conjunto de metas al que debe dar alcance una nación abierta al futuro.
 Alberdi rechaza una cultura tradicional, la cultura hispánica que impide el cambio y la innovación y opta por otro modelo, el de los países europeos en trance de edificar una sociedad industrial que libere al hombre de la servidumbre de la naturaleza. Propone inyectar desde afuera en una cultura, según él históricamente terminada, nuevos fermentos de población y de riqueza que fueran portadores de esos valores.
El medio para alcanzar estas metas es el régimen político. Una concepción acerca de la organización y distribución del poder, del modo de elección de los gobernantes y de las garantías otorgadas a los gobernados que procura conciliar los valores igualitarios de una república abierta a todos, con los valores jerárquicos de una república restrictiva, circunscripta a unos pocos.
Lo que preocupa a Alberdi es organizar un poder central necesariamente fuerte, para controlar los poderes locales y suficientemente flexible para incorporar a los antiguos gobernadores de provincia a una unidad política más vasta. Es preciso por consiguiente que el nuevo régimen contenga algo del antiguo, según Alberdi.
Esta fusión entre dos tendencias contradictorias en la historia nacional, la centralización y la descentralización, pone sobre el tapete la idea que se forjaba Alberdi de la organización federal, pragmática e imprecisa.
Este gobierno mixto, que expresa el término federación, retoma rasgos esenciales de los hábitos de obediencia trazados por la costumbre en las culturas de América del Sur. No hay ruptura definitiva con un orden tradicional, esa ruptura vendrá después, cuando la población nueva, la industria y la riqueza den por tierra con la cultura antigua. Mientras tanto, es preciso reorientar las expectativas de obediencia hacia un nuevo centro de poder. Allí emergerá un papel político inédito que habrá de integrar lo nuevo y lo viejo: el control racional de la ley y los símbolos de dominio y soberanía quebrados desde los tiempos de la independencia.
Alberdi introduce en la constitución de 1853 el papel del presidente, la figura monárquica reaparece bajo la faz republicana. En la fórmula alberdiana el presidente materializa el poder central pero no detenta todo el poder ni tampoco ejerce un dominio irresponsable sobre la sociedad.
La constitución de la Federación Argentina tiene por objeto establecer una república no tiránica. De esa finalidad se deduce la teoría normativa de las limitaciones del poder. Si el poder puede degenerar en despotismo, es preciso prevenir esa tendencia, para lo cual es necesario encuadrar el ejercicio gubernamental dentro de límites temporales precisos, otorgando a magistraturas diferentes la tarea de legislar, ejecutar y sancionar.
El problema que inevitablemente surge en el horizonte de una fórmula republicana es el de saber quiénes y bajo qué reglas podrán ejercer el gobierno de la sociedad. Alberdi rechazó explícitamente toda forma de designación derivada de la herencia y optó por la posición democrática, que hace derivar el título de legitimidad del gobernante de la elección realizada por el pueblo; no hay, en rigor, legitimidad posible para el demócrata si ella no proviene del consentimiento popular.
La representación, vista como una serie de actos mediante los cuales un actor político autoriza a otro a obrar en su nombre o le impone el deber de dar cuenta de su acción arrastra consigo nuevos riesgos y por lo tanto nuevas prevenciones.
El pueblo es siempre la fuente de donde deriva la legitimidad del gobernante. La cuestión reside en saber cuáles son las fronteras que encuadran esta entidad llamada pueblo, quiénes lo componen y quiénes permanecen marginados.  
La mayoría solo tiene derecho al ejercicio de la libertad civil, que abre entonces la ruta para implantar la nueva cultura, porque esas garantías traerán inmigración, industria y riquezas.
La fórmula alberdiana prescribe la coexistencia de dos tipos de república federativa: la republica abierta y la república restrictiva. La república abierta estaría regida por la libertad civil. Pero no controla sus actos de gobierno, los miembros que la integran no intervienen en la designación de los gobernantes, no son electores ni representantes, permanecen marginados en una suerte de  trasfondo en cuyo centro se recorta un núcleo político capacitado para hacer gobierno y ejercer el control. Esta es la república restrictiva.
La totalidad estará dada en la formula alberdiana, por la república restrictiva más la república abierta, mientras en una los que participan, mediante el uso de la libertad política, delegarán de modo voluntario su capacidad potencial de mando, en la otra los habitantes afincados en un territorio permanecerán dirigidos por un sistema de control impuesto desde afuera.
Alberdi no prestó suficiente atención al fenómeno de los movimientos de igualdad. Adoptó todas las precauciones de la representación indirecta pero las robusteció mediante una tajante distinción entre el habitante y el ciudadano. La igualdad aparece entonces como la regla social a la que inevitablemente deberán someterse las relaciones políticas del futuro. En la circunstancia de una sociedad igualitaria, la libertad corre riesgo de desaparecer pues la realidad que se impone es la de un estado que tiene que lidiar con individuos o grupos poco resistentes y de más en más uniformes.
Para Alberdi, el acto discriminatorio tiene como propósito asegurar la calidad del acto electoral. El pueblo debe y puede votar, pero no conviene poner excesiva confianza en la bondad natural del ciudadano, los electores son hombres débiles a quienes puede estimular alguna pasión colectiva, o la demagogia de la ambición interesada. Para Alberdi los nuevos mediadores de la razón en la vida política eran las leyes y los notables porque, de acuerdo con su punto de vista, la desigualdad en el sufragio aparecía como la condición necesaria que haría efectiva la igualdad en la república. Alberdi admitía como premisa indiscutible que los papeles de elector y elegido debían ser intercambiables.
La fórmula alberdiana culmina consagrando la contradicción entre desigualdad social e igualdad política, porque quien elige también puede gobernar y quien gobierna debe gozar de la autoridad de interpretar y decidir razonablemente. Esta república es, a fin de cuentas, un régimen político de severas exigencias ya que nada reasegura la calidad del voto si no es la calidad moral, intelectual o económica del ciudadano que lo emite.
Votarán los de arriba, los educados y los ricos, no podrán ni deberán elegir ignorantes y los pobres. El acto de representación al elegir prudencia y sabiduría para su ejercicio, plantea un serio dilema: o se universaliza la ciencia del arte del gobierno, o mientras tanto, la responsabilidad de manejar la suerte de todos, de asumir lo público desde la particular perspectiva de lo privado, debe quedar en manos de un pequeño núcleo de privilegiados.

Capítulo III. La república oligárquica
Ante una propuesta prescriptiva había que legitimar a través de los hechos una estructura de papeles políticos dominantes y una regla de sucesión. Entre estas fronteras nuevas y endebles, era necesario diseñar una fórmula operativa que permitiera a los actores construir una base de dominación efectiva.
La realidad que se había gestado durante las presidencias anteriores al 80 demuestra que  habrá siempre electores, poder electoral, elecciones y control, pero los electores serán los gobernantes y no los gobernados. El poder electoral residirá en los recursos coercitivos o económicos de los gobiernos y no en el soberano que lo delega de abajo hacia arriba, las elecciones consistirán en la designación del sucesor por el funcionario saliente y el control lo ejercerá el gobernante sobre los gobernados antes que el ciudadano sobre el magistrado.
Si la capacidad electoral está concentrada en los cargos electorales, el acceso a los mismos permanece clausurado para otros pretendientes que no sean aquellos designados por un funcionario saliente. Hay voluntad explícita de mantener la estructura de papeles dominantes.
Los únicos que podían participar en el gobierno eran aquellos habilitados por la riqueza, la educación y el prestigio. A partir del 80 el extraordinario incremento de la riqueza consolidó el poder económico de un grupo social cuyos miembros fueron aptos para ser designados gobernantes. El poder económico se confundía con el poder político, esta coincidencia justificó el desarrollo de la oligarquía como concepto. La consolidación del régimen político en efecto, no solo coincidió con un desarrollo espectacular de los medios productivos, también trajo aparejada una secularización acentuada del clima moral.
Hay una dimensión política del fenómeno oligárquico en Argentina. Hay oligarquía cuando un grupo pequeño de actores se apropia de resortes fundamentales del poder y ese grupo está localizado en una posición privilegiada en la escala de la estratificación social.
La oligarquía puede ser entendida como un concepto que califica un sistema de hegemonía gubernamental cuyo imperio en la Argentina observaba Alberdi antes y después de 1880. El sistema hegemónico se organizaría sobre las bases de una unificación del origen electoral de los cargos gubernamentales que debían tener origen distinto. Control evoca una acción de poder, una voluntad de potencia ejercida sobre otros desde un determinado punto del espacio político. Como tal esta noción traduce un acto que se extiende entre dos términos: uno que hace referencia a quien controla y el otro que califica a quien es controlado; ambos configuran una relación política a la cual se le podría añadir un tercer elemento, el por qué y el para qué del control.
Los regímenes políticos oligárquicos tienen la característica de desplegar un complejo entrecruzamiento de actores y tendencias en que se enfrentan o se ponen de acuerdo. La constitución establecía modalidades precisas para elegir a los presidentes y a los miembros del senado, consagraba el voto directo en la cámara baja, reforzaba los rasgos unitarios del sistema federativo mediante la intervención federal.
"Participación política y espacio público en Buenos Aires 1860-1880" de Hilda Sábato 
Los 3 años que van desde la caída de Rosas hasta la asunción de Roca a la presidencia fueron testigos de profundos cambios en la sociedad porteña. Crecimiento económico, expansión territorial, aumento de la población: en todos los campos las cifras no reconocen precedente.
La actividad política recobraba vida. Sin embargo la movilización política urbana que acompañó la resurrección de las facciones se fue apagando y la vida política de Buenos Aires sería cada vez más protagonizada por dos máquinas electorales. Si bien la constitución establecia el sufragio universal para todos los hombres adultos de nacionalidad argentina, su ejercicio efectivo estaba restringido y las elecciones se caracterizaban por el fraude, la manipulación y una escasísima participación de la población. Había marginalidad política para amplios sectores del país, en particular de los sectores medios y populares urbanos en expansión. Pero si se amplía el campo de observación y se considera que el ejercicio de la ciudadanía es solo una de las formas de relación entre sociedad civil y sistema de poder, pero no la única, se puede explorar toda una serie de fenómenos propios de la vida política porteña que quedan ocultos cuando se utiliza una versión restringida del concepto de participación.
 Las elecciones cumplían un papel importante como mecanismo establecido para la renovación de autoridades, que debía garantizar la sucesión pacífica en los distintos niveles de los poderes ejecutivo y legislativo, dentro del universo reducido de la clase política.
En el periodo que precedió a 1880 en el escenario de Bs As la ciudadanía no aparecía como una cuestión, probablemente porque la participación política no se concebía solo en esos términos. Lo decisivo de esta etapa fue la definición de un espacio público ampliado. La intervención de la política cobraba con frecuencia dimensión política y se convirtió en una de las formas típicas de participación en ese periodo.
En Bs As, las décadas que siguieron a la caída de Rosas fueron las de desarrollo acelerado de una esfera pública que serviría como espacio de mediación entre sociedad civil y poder público.
Tres aspectos de la realidad porteña de entonces aparecen ligados al proceso de separación entre sociedad civil y estado: la expansión de la prensa escrita, el surgimiento de la actividad asociativa y el desarrollo de una verdadera cultura de la movilización.
Pero en una etapa en que esos partidos mismos no existían como instituciones orgánicas y el estado estaba aún en construcción, las asociaciones formaban parte de la trama compleja que vinculaba fuerzas sociales y clase política.
Hacia el año 80 la implantación de un régimen oligárquico de base nacional y la complejización creciente de la estructura social fueron restringiendo la vigencia de los viejos canales de actuación política en bs as y, aunque estos no desaparecieron, perdieron efectividad. Los síntomas de la modernización se hicieron sentir más allá de los límites del sistema político restrictivo y muy pronto la cuestión de la ciudadanía y de la representación adquirió centralidad en el debate público.
"Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y cuestión social en Argentina" de Ricardo Falcón
En la primera década del siglo XX, el régimen inaugurado en 1880 comenzaba a evidenciar síntomas profundos de desequilibrio. Problemas políticos de envergadura y el estallido de lo que en la época se denominaba la cuestión social se vislumbraban como crecientes factores desestabilizantes.
La cuestión social hizo su plena irrupción en la escena nacional a partir de la huelga general de 1902, convirtiéndose desde entonces en un problema político de primer orden. Entre ese año y 1910 tuvo lugar el período de mayor agitación social de la historia argentina contemporánea.
Entre ambas cuestiones, la crisis del régimen político y la oleada de agitación social, aparecía un tercer tema problemático, que en realidad se relacionaba estrechamente con las dos: la situación de los inmigrantes. Con la primera se relacionaba porque se encontraban marginados del régimen político y con la segunda porque esos trabajadores extranjeros eran en los centros urbanos los principales protagonistas de los movimientos huelguísticos.
La oposición política, el Partido Radical no eran los únicos protagonistas. Lo que podemos llamar “las izquierdas” de la época también pesaban en la lucha por imponer una alternativa posible a la crisis.
Denominamos izquierdas a un conjunto de movimientos políticos opositores de ideologías que globalmente podríamos denominar de contestación social o anticapitalistas. La presencia de movimientos autónomos que presentan entre ellos importantes aspectos físicos diferenciadores los distinguen. La presencia de movimientos autónomos que presentan entre ellos importantes aspectos diferenciadores. Dentro de este espectro, son fundamentales 3 tendencias que merecen en ese periodo en centro de análisis: el anarquismo, el socialismo y el sindicalismo revolucionario.
Los socialistas
Hay una doble estrategia hacia el socialismo. Por un lado se lo presentaba como instrumento apto para la consecución de mejoras económicas y sociales para los trabajadores, y por otro, como un partido de reformas democráticas, republicanas, profundas. El nexo entre ambos aspectos era lo que en la época se llamaba la acción política y que esencialmente se traducía en acción legislativa parlamentaria.
Los socialistas argentinos enfatizaron una orientación que vinculaba estrechamente lo político con lo sindical.
Los fracasos de estos intentos llevaron a una parte de los socialistas a rectificar el rumbo. Desde mediados de 1892, una mayoría abandonaría la política centrada en lo sindical, para orientarse más decididamente a una actividad que privilegiaba la construcción de un partido socialista, sobre la base de un accionar político más definido. A partir de 1894, al calor de la reactivación económica, se reanuda el movimiento huelguístico que en 1895 y 1896 tendrá una intensidad particularmente en Bs As y Rosario, nunca alcanzada hasta entonces. Esto redundará en una reactivación de los lazos socialistas con el incipiente movimiento sindical y permitirá la incorporación en sus filas de algunos trabajadores.
Por otro lado, a partir de 1894, se incorporara al socialismo un grupo de intelectuales que configuran el proto-intelectual de izquierda en Argentina. Juan B. Justo, Leopoldo Lugones, etc.
El socialismo tuvo desde 1894 un proceso de argentinización. Los ejes fundamentales de esta nueva estrategia: la acción parlamentaria futura como instrumento fundamental para la conquista de reformas democráticas generales y económico-sociales de los trabajadores. Hacia 1901 los socialistas podían jactarse que algunos aspectos de su prédica estaban dando frutos. Ese año nació la federación obrera FOA.
No obstante surgían fuertes tensiones entre ambas corrientes que a corto plazo llevarían a una ruptura. En el fondo de esas tensiones estaban las divergencias estratégicas que se expresarían particularmente en el debate en torno a la huelga general. A diferencia de sus adversarios, los socialistas no veían en ella un instrumento insurreccional y deploraban la violencia que solía acompañar estas manifestaciones. Para los socialistas, la huelga general era un instrumento que solo resultaba idóneo en ciertas circunstancias, mientras privilegiaban las huelgas parciales por reivindicaciones económico-sociales. Otra fuente de roces era la tentativa socialista de vincular acción sindical y acción política, lo que necesariamente chocaba con el fuerte antipoliticismo de los anarquistas.
Los socialistas terminarían escindiéndose y constituyendo la Unión General de Trabajadores. Otro hecho importante para los socialistas fue la elección de su primer representante legislativo a nivel nacional, Alfredo Palacios, en 1904. La presencia de Palacios en el congreso y su acción por la consecución de reformas legislativas tendientes a mejorar el nivel de vida y las condiciones laborales de los trabajadores,  al mismo tiempo que parecía convalidar la justeza de la estrategia planteada desde años antes por los dirigentes socialistas, aceleraba las críticas anarquistas y las tensiones internas entre el ala sindical y el ala política.
En este marco, una repercusión mayor tendría el debate interno en torno a la posición que el partido debería adoptar frente al proyecto del código de trabajo, impulsado por una auto-reforma del régimen oligárquico en que el aspecto político había tenido su expresión en la reforma de la ley electoral en 1902.
La ley de residencia establecía un mecanismo de férrea regimentación de la actividad sindical. En el trasfondo de esta iniciativa se encontraba una jugada por parte de la elite, destinada a aislar al anarquismo al mismo tiempo que integrar un sector del movimiento obrero por vía del partido socialista. El proyecto finalmente fracasaría porque encontraría una dura oposición del movimiento obrero y una escasa predisposición entre los sectores vinculados a la unión industrial argentina.
La pérdida de un contingente importante de militantes sindicales  se sumaba en el socialismo a la no renovación del mandato de Palacios. Será recién con la ampliación del régimen político a través de la ley Sáenz Peña que los socialistas recogerán los primeros frutos políticos de una estrategia que no parecía viable en el período oligárquico.
Los anarquistas
Para ellos la situación entre 1902 y 1910 se presentaba mucho más favorable. Surgen dos grandes tendencias: los anarquistas organizadores y los anti-organizadores, cuyo eje de división era la aceptación o rechazo de ciertas formas de organización estables del movimiento, la participación en las organizaciones sindicales y la lucha por reivindicaciones parciales.
Entre 1890 y1894 serán los anti-organizadores quienes llevan la delantera. Un fuerte tono antipoliticista, antiestatista, una cerrada oposición al establecimiento de vínculos entre los propios anarquistas que fueran más allá de la libre formación de grupos por afinidad, un rechazo a los principios de lucha de clases, y consecuentemente a la participación en organizaciones obreras y a las huelgas parciales y un constante reclamo de la propaganda por los hechos eran rasgos principales de la tendencia.
Su antipoliticismo descartaba cualquier preocupación por la naturalización de los extranjeros. Esta característica corresponderá tanto a los anti-organizadores, como a los organizadores. Los organizadores irán adquiriendo cada vez un perfil más anarco-sindicalista. Compartiendo con la otra tendencia su antipoliticismo y antiestatismo, se diferenciaban sin embargo en la admisión de formas organizativas federativas para el movimiento anarquista y aceptaban la importancia de la organización sindical y de la lucha por demandas parciales, aunque siempre en el camino de la huelga general insurreccional.
Entre 1902 y 1910 los anarquistas llegaron a constituir en Argentina una fuerza política importante. La condena del autoritarismo estatal y el énfasis puesto en las demandas del movimiento social fueron los ejes centrales de la actividad anarquista en este período.
La ampliación del régimen político y la instauración de un marco democrático con la llegada del radicalismo al poder y el establecimiento de un nuevo tipo de relaciones entre el estado y los sindicatos, disminuirá los efectos de una predica que como anarquista estaba centrada en lo anti-autoritario.
Antes de la plena adopción de la ideología sindicalista revolucionaria, la fracción disidente fue esbozando un conjunto de planteos que sin implicar una ruptura total con el socialismo argentino la ubicaban en un ala izquierda.
Los sindicalistas revolucionarios comparten el antipoliticismo y el antiestatismo de los anarquistas, pero pronto se hacen visibles notorias diferencias entre ambas corrientes. Para los sindicalistas, el rechazo a la acción política no será sustituido por la preparación de la vía insurreccional, sino que el sindicato será el eje presente y futuro de toda la vida social y política. Los sindicalistas revolucionarios ostentarán un planteo de auto-educación obrera. La construcción de la clase obrera pasara a ser uno de los planteos centrales de la ideología sindicalista revolucionaria a la cual deberían subordinarse los aspectos secundarios.
El problema de la unidad se convierte en un elemento decisivo en la polémica con los anarquistas. A pesar del evidente anti-intelectualismo de la propaganda sindicalista revolucionaria, el movimiento congregará a un sector de intelectuales socialista.
En lo que al estado y al régimen político concernía, los sindicalistas revolucionarios tendrán posturas similares a las de los anarquistas. Rechazarán cualquier tentativa de reforma política y cualquier intento de integración de los trabajadores.
El caso del anarquismo argentino es también singular. El grado de desarrollo de esta corriente en ciudades como Rosario o Bs As es uno de los más altos del mundo dentro del espectro de movimientos anarquistas urbanos de la época.
Dos han sido las tradicionales explicaciones a este fenómeno. La primera atribuye la fuerza del anarquismo argentino a la presencia de alto porcentaje de inmigrantes de origen italiano o español, países considerados como de tradición anarquista. La segunda, hace descansar el éxito en la presencia en Argentina urbana de rasgos pre-capitalistas. De esta manera, el anarquismo correspondería con la presencia mayoritaria de una capa de trabajadores de características semi artesanales, mientras el marxismo sería la ideología propia de los períodos industrializados.
En los gremios con estructuración nacional requerían una necesaria relación con el estado, el antiestatismo anarquista se convertirá en un obstáculo.
Los motivos fundamentales del predominio del anarquismo sobre las otras corrientes de izquierda deben buscarse en sus posturas en torno a las 3 cuestiones decisivas de la época: las alternativas frente al régimen político, la cuestión étnica y la cuestión social.
En síntesis, gran parte de la población estaba marginada del régimen político y la vida parlamentaria reflejaba mucho más el juego entre distintos sectores de la elite, que el conjunto de  opciones políticas existentes en la sociedad. En estas condiciones el rechazo simple y llano de los anarquistas se correspondía con la visión que los inmigrantes podían tener del régimen político.
Que los migrantes nacionales se mantuvieron marginados del régimen político significa que encontraban otras formas de participación en algunos de sus segmentos (asociaciones, etc). Hasta principios de nuevo siglo, el estado mantuvo una actitud prescindente ante los conflictos entre obreros y propietarios capitalistas. La resolución de estos conflictos quedaba librada al libre juego de correlación de fuerzas de las partes en pugna.
La situación se modifica a partir de la huelga general de 1902. El estado inaugura entonces una doble política hacia el movimiento de los trabajadores. Por un lado, domina la represión directa y decidida. Una segunda política destinada a lograr una integración del movimiento obrero también estuvo presente. Hay una tentativa parcial de integrar limitadamente al movimiento obrero al régimen político, a partir de la reforma electoral que daría lugar a la elección de Alfredo Palacios. Por otro lado, hay un intento de integración corporativa del movimiento obrero a través del proyecto del código del trabajo.
Frente a una política estatal de este tipo, la propaganda antiestatista de los anarquistas no encontraría demasiadas contradicciones. Su denuncia implacable y sistemática del estado como instrumento de opresión parecía convalidada por la actitud de la elite hacia los trabajadores.
Se trataba de convencer a los trabajadores extranjeros de naturalizarse argentinos y ejercer sus derechos políticos y confiar en la acción legislativa, frente a un sistema que no era un garante serio para ninguna de estas iniciativas. Una característica de la situación de los extranjeros en gran parte del siglo XIX y XX en Argentina fue la tendencia  a la presencia de la identidad étnica. Esta integración económico-social podía realizarse sin necesidad de incorporarse al régimen político ni desistir de su identidad étnica y cultural.
En los socialistas existía una predisposición similar a rechazar las tendencias a la persistencia de la identidad étnica y sus formas organizativas derivadas, por parte de los trabajadores extranjeros. Aunque aquí el eje nucleador era el partido político y no el sindicato, el criterio clasista también se imponía.
Por el contrario, los anarquistas inspirados por sus concepciones profundamente antipatrióticas e internacionalistas, sumadas a su repudio al régimen político, no evidenciaron ningún interés particular por ahogar las tendencias al agrupamiento sobre bases étnicas que mostraban los extranjeros.
La multiplicidad étnica aparecía para la elite dirigente como un mosaico que requería la creación de la nacionalidad argentina como elemento fundamental para la existencia de bases estables ideológicas de dominación.
Esta tentativa de nacionalización forzada agregará un elemento adicional de simparía hacia la actitud anarquista de tolerancia con los particularismos étnicos. Los socialistas, en cambio, participaran de ese proceso de argentinización aun cuando su óptica fuera parcialmente diferente a la de la elite.
El último de los 3 grandes problemas que enfrentaban las izquierdas del cambio de siglo es la llamada cuestión social. En efecto, los conflictos entre capital y trabajo se resolvían de forma individual y pacífica. El relativamente alto grado de movilidad social para los inmigrantes actuaba como un colchón, impidiendo que las situaciones conflictivas conllevaran violencia social.
En los últimos años del siglo XIX y principios del XX, la tendencia dominante entre los trabajadores urbanos comienza a cambiar. El rechazo a las condiciones vigentes se hace cada vez más visible y va acompañado de una mayor estructuración capitalista de las relaciones de trabajo.
Las huelgas parciales tenían objetivos concretos y precisos: mejorar las condiciones en el ámbito de la producción. La huelga general, por parte de los anarquistas, solo era aceptable con fines defensivos en determinadas circunstancias. La huelga general de 1910 terminó en una profunda derrota para el movimiento obrero.

"La reforma de 1912" de Natalio Botana
En 1910, Roque Sáenz Peña ascendía a la primera magistratura de la república. Había sido elegido de acuerdo con la fórmula operativa de un régimen político instaurado en 1880.
La reforma política de 1912 es consecuencia de una serie de circunstancias históricas:
1) se había quebrado definitivamente la alianza de personalidades y grupos locales que apoyaban al viejo partido autonomista nacional (PAN).
2) La contradicción entre los mandatos constitucionales y las prácticas políticas corrientes de fraude electoral y los mecanismos informales que distribuían los cargos políticos.
3) el partido político creado independientemente de las fuentes de recursos gubernamentales que planteaba una exigencia de participación electoral y perseguía sistemáticamente la captación de adherentes y seguidores mediante la organización de sus cuadros, la difusión de una ideología y la elaboración de un programa.
El centro de preocupación de las ocupaciones concretas de los hombres públicos era el problema político. Circulaban entonces dos ideologías paralelas que se caracterizaban por no interferir mutuamente en sus campos de justificación y de crítica: una era la ideología del progreso ilimitado, que justificaba el sistema socioeconómico, la otra era la ideología de reparación moral que impugnaba al régimen político.
Las relaciones de dominio entre las diferentes funciones que configuraban el régimen político, la composición sociológica de la clase dirigente donde se reclutaban los gobernantes y el sistema de sucesión presidencial que garantizaba el triunfo del candidato oficial, apoyado por el presidente saliente.
Durante varios años fueron jefes de estado y conductores de  esa vasta asociación sin contrato ni reglamento, sin estatutos ni programa que fue el PAN, Julio Argentino Roca y Carlos Pellegrini.
En 1890 Roca retomó el control del gobierno y fue reelecto por un colegio electoral que reflejó el juego de alianzas oligárquicas locales del PAN. El defensor público del candidato y el colaborador durante los primeros 3 años de la presidencia fue Pellegrini.
Pellegrini resolvió dar batalla dos años después en las elecciones de diputados de la capital. Combinó entonces 2 estrategias: recorrió la ciudad, hizo pública su impugnación al régimen y proclamó su fe en una democracia libre del fraude y la corrupción; y por otro lado estableció una coalición con el mitrismo y retomó el control de la maquinaria política para comprar votos. Pellegrini triunfó en las elecciones de 1906, abriendo el camino para la orientación del gobierno de Figueroa Alcorta.
El partido autonomista nacional constituyó un vehículo original para vincular a los personajes locales de provincias y comunas con el poder presidencial. El PAN no fue una organización establecida para movilizar a la población sino un instrumento que comunicó a las oligarquías regionales entre sí, nacionalizándolas dentro de un conjunto de relaciones de subordinación estrictamente acotadas.
Roque Sáenz Peña fue electo gracias al concurso del sector antirroquista que de acuerdo con la estrategia trazada por Pellegrini y Fiogueroa Alcorta, conquistó la antigua maquinaria electoral y situaciones provinciales. El movimiento gestado para impulsar su candidatura, la unión nacional, no difería en rigor del viejo PAN: ambos fueron un vehículo eficaz para vincular oligarquías.
Después de la revolución de 1890, cuando culminaba una brillante carrera diplomática, Sáenz Peña encabezó un movimiento de renovación conservadora que lo hizo candidato firme en las elecciones presidenciales de 1892 y que solo pudo desbaratar Roca, logrando la adhesión del PAN y del mitrismo a la candidatura de su padre, Luis Sáenz Peña.
Cuando Sáenz Peña asume la presidencia, existían conflictos políticos no solo en las filas de la oligarquía. Surgía un nuevo tipo de organización que prescindía de los recursos públicos para persistir en la acción política. Los partidos políticos modernos nacieron en las entrañas de la crisis de 1890.
Yrigoyen hizo de la UCR el primer partido de movilización popular que abarcó todo el país. Juan B. Justo construyó con el partido socialista una organización de disciplina estricta con centralización ideológica que respondió a las expectativas internacionalistas de grupos inmigratorios establecidos en Bs As.
Yrigoyen utilizó con un propósito diferente los mismos recursos tecnológicos implantados por el roquismo para vincular a los gobiernos locales con el poder presidencial. Así, Roca consiguió vincular las diversas partes de una estructura de gobierno. Yrigoyen, en cambio, logró comunicar entre sí a las distintas partes de una estructura de partido. Edificó de esta manera una organización paralela al régimen institucional.
El partido radical representó la exigencia de reforma política más significativa gestada por un grupo organizado no incorporado al ejercicio del poder. Esta exigencia fue percibida por Figueroa Alcorta y Sáenz Peña.
No obstante, el núcleo en torno al cual se cristalizó la incorporación efectiva de los partidos al sistema político fue la ley electoral con el fin de garantizar el sufragio y crear el sufragante, implantando el voto secreto y obligatorio, asegurando las máximas garantías en los comicios y en el escrutinio, y dando representación a las minorías.
Lo que no se previó fue que radicales o socialistas, que no se consideraban rivales peligrosos, pudieran aventajar a nacionales y cívicos. Fue un resultado del voto secreto, que ponía fin a la práctica de la compra directa de sufragios.
En 1916, el ámbito de la competencia se ampliaba inevitablemente: allí no estaba en juego una banca de diputados ni una gobernación de provincia sino el poder presidencial, centro vital del sistema político argentino.
Una querella circuló entre las oligarquías provinciales e implicaba esta opción: construir un partido nacional cuyo candidato y programa fueran conocidos previamente en todo el país o persistir en el juego de alianzas locales para negociar posteriormente un candidato a la presidencia en el colegio electoral.
El valor dominante parecía ser la preocupación por los problemas institucionales y la escasa importancia otorgada a la gestión cotidiana de los asuntos públicos. Sáenz Peña no es en esta perspectiva, el conductor de un gobierno, sino fundador de un régimen.
Sáenz Peña estaba convencido de 2 cosas durante su gestión: la necesidad de movilizar al ciudadano imponiendo por ley la obligación de votar y la certeza de que, devuelta la vida a un cuerpo electoral libre, surgirían naturalmente los grandes partidos orgánicos. La reforma de 1912 se introdujo en un campo político donde se habían arraigado 2 tradiciones contradictorias. La primera valorizaba el régimen político cerrado del roquismo y estaba básicamente articulada por los grupos conservadores de provincias. La segunda valorizaba un régimen abierto de participación popular y, en el ámbito nacional, estaba articulada por el partido radical. En medio de ambas se interpuso el proyecto de Sáenz Peña, que se enfrentó con una predisposición positiva y otra negativa. La UCR fue una estructura adaptada al cambio, los grupos conservadores, por el contrario, continuaron aferrados a la tradición anterior
 "Breve historia contemporánea de la Argentina" de Luis Alberto Romero
Yrigoyen fue presidente de 1916 a 1922, año en que lo sucedió Marcelo T. de Alvear.
Ambos presidentes eran muy distintos entre sí y más aún fueron las imágenes que de ellos se construyó. La de Yrigoyen fue contradictoria desde el principio. Uno y otro debieron afrontar parecidos problemas y sobre todo el doble desafío de poner en pie las instituciones democráticas y conducir por los nuevos canales de representación y negociación las demandas de reforma de la sociedad, que el radicalismo de alguna manera había asumido.
Esa voluntad reformista que caracterizó al radicalismo y que había surgido en el proceso de expansión previa, hubo de desarrollarse en circunstancias marcadamente distintas e infinitamente más complejas de aquellas en que ambos se imaginaron.
La guerra misma constituyó un desafío y un problema difícil de resolver. Yrigoyen mantuvo la neutralidad benévola hacia los aliados.
Yrigoyen se unió a quienes encontraban esa identidad en la común raíz hispana. Otro movimiento de dimensión latinoamericana de la época fue la reforma universitaria.


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